La inversión en infraestructura es sumamente benéfica, crea y mejora las redes de transporte, energía, agua, desagüe, alcantarillado, saneamiento, y las telecomunicaciones del país. Tiene un impacto directo en el crecimiento económico porque permite aumentar el stock de capital, añadiendo lo nuevo, e indirecto como medio para expandir la productividad y, sobre todo, reducir la desigualdad.
Sin embargo, el estado situacional de la infraestructura en el Perú es deplorable y se halla en un estado más grave de lo que pareciera, tal como lo informa objetiva y descarnadamente el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, en la nota que aparece en la imagen siguiente que de por sí se explica.
Según el Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021 del Perú,
la brecha de infraestructura en sectores estratégicos como Transportes,
Vivienda, Educación, Salud, Agricultura e Interior, bordea los 69 mil millones
de dólares americanos, a nivel nacional.
Sobre el respecto, el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas;
señala que la estrategia para cerrar gradualmente esta brecha contempla disponer
de mayores recursos fiscales buscando sostener un ratio de inversión pública
sobre PBI de casi 6% hacia el 2021, año del bicentenario de la independencia
(incluido el proceso de reconstrucción), pero también contempla mejoras en los
sistemas de inversión pública y privada, promoviendo un marco normativo que
favorezca las inversiones y permita reducir las brechas.
Sin embargo, la desaceleración económica nos sigue
acompañando desde hace años y no hay cuando se pueda remontar por encima del
PBI potencial del 6%, y la presión tributaria no sobrepasa de 14% del PBI, nivel realmente insuficiente para sostener una expansión significativa y sostenida de la infraestructura nueva en el Perú.