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jueves, julio 07, 2011

LEY 29703 “PRO CORRUPCIÓN” FUE MODIFICADA POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR DURAS CRÍTICAS


El Congreso aprobó el proyecto presentado por el Ejecutivo Aprista que, luego de duras críticas de numerosos sectores sociales del país, y principalmente por el Poder judicial, enmienda el artículo 1º de la polémica Ley 29703 y endurece las sanciones por corrupción y penas por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La vigencia de esta Ley buscaba debilitar la lucha contra la corrupción en el Perú e instaurar la impunidad en el manejo de la cosa pública.



“Los corruptos son delincuentes que no tienen necesidad de huir de nada. Nadie les agarrara el cuello. Están más allá de algún inexorable envilecimiento aunque algún juez molesto los haga comparecer para una cierta denuncia. Es una incomodidad, pero finalmente no ocurre nada”. NEUMANN, Elías.
Urgente convocatoria de gobierno aprista para reforma penal



A pesar de estar en receso legislativo, el Poder Ejecutivo convocó al Congreso a una legislatura extraordinaria para los días miércoles 6 y jueves 7 de julio urgida por las duras y extendidas críticas de la opinión pública y de sectores diversos del país a la denominada “Ley de la impunidad de los funcionarios” o “Ley pro corrupción”. La medida fue formalizada ayer a través de un decreto supremo, en el que se precisa que en la agenda figuran tres proyectos de ley remitidos por el Gobierno Central y que no fueron discutidos por el Parlamento.


Precisamente uno de esos proyectos y, quizá el más importante para el país, es aquel propuesto por el Poder Judicial de modificar el Código Penal sobre los delitos de corrupción contra la administración pública, que finalmente fue discutida y aprobada hoy urgido por las críticas.

Iniciativa deroga artículo 1º de la Ley 29703 

En esencia, la iniciativa deroga el artículo 1º de la Ley 29703 que, según los críticos de diversos sectores favorece esencialmente a los procesados y condenados por delitos de colusión. La norma aprobada precisa el alcance de seis artículos del Código Penal, con el fin de endurecer las sanciones y penas por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Según la Comisión de Justicia del Parlamento, existen 14,730 procesos por casos contra la administración pública que se encuentran a la fecha en la vía judicial. Con la cuestionada Ley 29703, se pretendía favorecer a muchos de estos casos a rajatablas, por lo que mereció una dura crítica casi generalizada de la nación de su promulgación, porque de esa manera se favorecería la impunidad, principalmente de los funcionarios del régimen saliente.
Férrea posición del Poder Judicial

El Poder Judicial apuntó que el grupo que preside el legislador fujimorista Rolando Souza prácticamente le ‘sacó la vuelta’ a la propuesta legislativa N° 4187/2010-PJ, “Ley de reforma de los delitos contra la administración pública”, que presentó ante el Parlamento la Corte Suprema bajo la presidencia de Javier Villa Stein, en agosto de 2010.

“La Comisión de Justicia del Congreso, elaboró y posteriormente aprobó el 13 de abril de 2011 un Texto Sustitutorio al Proyecto de Ley original presentado por el Poder Judicial, en el que no se consideraron los cambios normativos planteados”, señala en un comunicado el Poder Judicial.
La Corte Suprema aclaró que su propuesta establecía que el delito de colusión se configure como delito de peligro abstracto, con amplia injerencia punitiva que comprenda cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes o servicios, y no como se ha configurado en la polémica Ley N° 29703, que señala una sanción penal a funcionarios solo cuando su ilegalidad haya perjudicado al Estado.
El Poder Judicial agregó que, en atención del artículo 16° de la Convención de la ONU contra la Corrupción, también propuso incorporar como un nuevo tipo legal al ordenamiento penal el delito de Soborno Internacional Activo, así como el incremento de la pena al delito de abuso de autoridad. “Estas propuestas no fueron recogidas (…) pese a las dos comunicaciones remitidas por la Corte Suprema durante el proceso de debate al interior de la citada comisión”, refiere el documento.
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y Consejo Nacional de la Magistratura se pusieron a la altura del Perú
Según lo publicado hoy en “El Peruano” fue durante la novena sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), realizada en la sede del Palacio Nacional de Justicia, en que se eligió como nuevo titular de este importante foro al actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Gonzalo García Núñez. En la cita, los miembros de la CAN expresaron su preocupación por la promulgación de la Ley Nº 29703, que modificó el Código Penal, y coincidieron en que su vigencia debilitaba de por sí la lucha contra la corrupción.
Por ello acordaron, además, que la Fiscalía de la Nación, paralelamente, interponga una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley Nº 29703 para que ésta se elimine del sistema jurídico, no solo a partir de la fecha en que se expida la sentencia, sino también para atacar los posibles efectos de la "retroactividad benigna" en que algunos puedan ampararse aún estando derogada.
Propuesta legal de la Judicatura evita lagunas de punibilidad
El Poder Judicial presentó al Congreso un proyecto de ley de reformas urgentes de los delitos contra la administración pública, a fin de modificar diversos artículos del Código Penal referidos a los ilícitos sobre colusión, peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad; y, sobre todo, derogar el artículo 1 de la polémica Ley Nº 29703 e impedir lagunas de punibilidad. Entre ellos, se destaca los siguientes:
Primero, que el delito de colusión se configure como uno de peligro abstracto y se extienda no solo a la concertación o colusión con los interesados, sino también al uso de cualquier otro artificio para defraudar al Estado, entidad, organismo o empresas del Estado. Esta última se extiende a todas las figuras asociadas a la corrupción, más como una precisión relevante que como un agregado ante una laguna de punibilidad. Así, cerrarían efectivamente las lagunas de punibilidad que genera la Ley Nº 29703.
Segundo, respecto a los delitos de peculado doloso y culposo, la magistratura considera necesario fijar un monto como supuesto de grave perjuicio: 100 UIT, y un monto como supuesto de mínimo perjuicio: 10 UIT. Dicha alternativa está referida a las sanciones penales, que se reequilibran en atención a la opción asumida. Mientras que, en el peculado por uso, se identifica que el concepto de administración pública también comprende a las empresas públicas y se incorpora a los "otros bienes públicos destinados al servicio personal por razón del cargo", dado que el funcionario también recibe para su uso personal otros tipos de bienes que redundan en un mejor servicio.
Tercero, califica al delito de malversación de fondos como uno de resultados que genere perjuicios. Así, el funcionario o servidor que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, generando la suspensión temporal o definitiva del servicio o el retardo en el cumplimiento de la función encomendada, será severamente reprimido. También se plantea una nueva perspectiva en la extensión de la pena privativa de libertad, en armonía con el principio de estricta proporcionalidad.
Cuarto, que el delito de enriquecimiento ilícito se configure a partir, primero, de un abuso del cargo, y no necesariamente durante el ejercicio del cargo como señalaba la Ley Nº 29703; y, segundo, cuando el agente es un alto funcionario público la pena se agravará significativamente hasta los 18 años, entre otros.
Según la iniciativa, los delitos en cuestión tienen prevista otra pena principal, conjunta con la privativa de libertad, como es la inhabilitación de uno a tres años conforme al art. 36 del Código Penal. Por tanto, no resultará necesario reiterar esa pena en los diferentes tipos legales objeto de la reforma.
Ante las agudas y resonantes críticas que se suscitaron en diversos sectores del país y el extranjero, el gobierno Apro-Fujimorista se vio prácticamente obligado a convocar a la reforma del Código penal y adoptar el proyecto del Poder Judicial para volver a la redacción original de los tipos penales vigentes que existía hasta antes de la promulgación de la ley 29703 y, asimismo, para precisar el alcance de seis artículos del Código Penal y establecer sanciones más severas por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
¡EL PERÚ ES MÁS GRANDE QUE LA CORRUPCIÓN...Y  FINALMENTE VENCERÁ!

domingo, mayo 29, 2011

CLEPTOCRACIA: LA MAYOR PANDEMIA DESTRUCTIVA DEL SIGLO XXI

El término cleptocracia viene del griego Kleptein, que significa ladrón; y Kratos, gobierno. Es un sistema de gobierno donde a nombre de un partido político, alianza electoral, coalición o movimiento político, sea oficial o secreto, una banda organizada de ladrones institucionaliza un gobierno que administra el poder público y privado basado en el robo de los recursos y el aprovechamiento de todas las oportunidades de la gestión pública y privada para el enriquecimiento personal, familiar y de sus grupos conexos.


¿Qué es la Cleptocracia?

Cleptocracia es un término de reciente acuñación y se usa despectivamente para decir que un gobierno es ladrón y corrupto porque recurre al nepotismo, clientelismo político, peculado, malversación de fondos, asociación ilícita para delinquir y otros delitos, de forma que sus acciones delictivas quedan impunes, gracias a que todos los sectores del poder actúan similarmente, desde la justicia, los militares y funcionarios del Estado en sus distintos niveles e instancias, hasta la prensa rastrera e hipócrita, el sistema político, económico y administrativo (1).

La cleptocracia llega al poder, mayormente, por la vía de las elecciones con el pbjeto de “legitimarse” o, alternativamente, por los autogolpes, aclamaciones, arreglos reglamentarios y reelecciones, e incluso cuentan con instancias pseudo fiscalizadoras para camuflarse ante el pueblo y dentro de él. 

Esta banda de ladrones, habilidosa y cínicamente usa el poder público para asegurar el lucro de los empresarios privados con los que se vincula y convive. La integran viejos y mañosos políticos asociados a otros nuevos procreados y acuñados con las mismas mañas y subterfugios. Sobresalen los gángsters o sicarios de cuello blanco que se muestran dinámicos y transitan de partido en partido, de ideología en ideología, o desde la dictadura a la democracia o viceversa, o de puesto en puesto entre instituciones similares. Merodean entre ellos los oportunistas de siempre (los “cazafortunas”), los profesionales incapaces, pero ávidos de poder, estatus y dinero fácil; y, por supuesto, tampoco faltan los dirigentes populares mediocres y vividores y muchos miserables y envilecidos de la prensa (2).

Los cleptócratas, por su naturaleza delincuencial, constituyen gobiernos absolutistas, discrecionales y sin transparencia. El abuso de poder de aquellos que encarnan la autoridad, tanto para manipular los procesos políticos, económicos y sociales como administrativos, es una constante. Se organizan en distintos sectores y niveles del poder estatal y de la sociedad civil; estructuran sistemas globales, regionales, nacionales, locales e institucionales; por eso, cuando se les agota un régimen, no dudan de pasar a otro, sea este centralizado, descentralizado o autónomo, todos ellos sirven para sus fines.


Para Besberry, Jim, Asesor del Banco Mundial (3) “...a los cleptócratas no les interesa el medio para llegar al poder, simplemente se desarrollan como un cáncer corrompiendo a más personas hasta que toman el control total de las instituciones...cuando la corrupción se convierte en un habito diario, los sobornos se hacen parte de la estructura de costos de los empresarios y en suplementos de sueldos de empleados públicos y privados”. afirma contundentemente.

Globalización de la cleptocracia




La globalización de la cleptocracia es, sin duda, una de las mayores pandemias que afecta al mundo actual y se halla en irrefrenable expansión, bajo el marco de la ideología del neoliberalismo, donde todo se tranza en el mercado invisible, pues todo tiene un precio, inclusive en los gobiernos heterodoxos e institucionalistas. 

La cleptocracia prácticamente constituye un mal endémico en muchos países del mundo. En América Latina destacan Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua y Venezuela que padecen o han padecido este pernicioso mal en su vida republicana. Perú, vale decir nuestra patria, destaca más y más en los últimos años por la magnitud de los robos y su asociación con la violencia homicida, y pese a ello no se hace nada o se hace muy poco por detenerla.


Hay casos en países asiáticos, africanos y latinoamericanos sobre denuncias y procesos judiciales a ministros, jueces, generales, gerentes e inclusive presidentes de la república o jefes de gobierno de las distintas instancias gubernamentales. En algunos casos se han derribado estructuras completas de gobierno hasta ser destituidos y encarcelados; otros países más radicales han fusilado a los corruptos sin contar a los que se suicidaron al ser descubiertos y existir baja tolerancia a la corrupción.


Los rasgos de la cleptocracia

En el imperio de la cleptocracia los mecanismos del gobierno de un Estado se dedican casi enteramente a gravar los recursos e ingresos de la población del país (por medio de impuestos que no se les retribuye a ellos; desvíos de fondos de privatizaciones, transferencias de recursos tributarios provenientes de la explotación de recursos naturales, como el canon minero de la minería, o de la explotación del petróleo, gas natural y otros recursos naturales, así como otros tipos de negociados. 

Los dirigentes del sistema cleptocrático amasan grandes fortunas personales, en especial el presidente o el mayor cargo de jefe de estado, junto a sus más allegados como los ministros, vice ministros y asesores personales. Estos mismos hechos se repiten a menor escala en los gobiernos subnacionales; a nivel regional y municipal, incluso en lo institucional y empresarial.

En la cleptocracia el dinero es lavado o se desvía a cuentas bancarias secretas e inaccesibles, por lo general en los llamados paraísos fiscales  como forma de encubrimiento del robo (4).

La cleptocracia se da más de las veces en las dictaduras o gobiernos autocráticos o autoritarios, puesto que en la democracia se hace más difícil encubrirla, aunque ha habido casos de gobiernos en apariencia democráticos que han sido considerados cleptócraticos ("democraduras").

La ideología o supuesta ideología profesada, tiene poco o casi nada que ver con el cleptócrata. Así se puede encontrar en el mundo a mandatarios socialistas como  Milosevic, o capitalistas como Suharto u Fujimori, todos ellos catalogados en general, como cleptócratas por Transparencia Internacional.

Detrás del poder cleptocrático se organizan los aparatos del sistema, compuestos por destacamentos policiales y militares con mando centralizado, cuentan con espías, medios de comunicación y mercenarios manipuladores y depravadores de la ideología y de la opinión pública. 

También se estructuran redes de lealtades en el poder judicial prevaricador; y todos actúan con la arrogancia y la desfachatez de sentirse lavados y validados por la democracia, el olvido público, la tolerancia a la corrupción y la autoridad oficial y la ley: Obviamente los cleptócratas no se inmutan ni ruborizan por la dimensión del prontuario, incluso hacer alarde de la dimensión de sus fechorías y el miedo que infunden a la sociedad.

Secuelas de la cleptocracia

La secuela que deja la cleptocracia tiene como frondoso inventario obras públicas con sobre precios; obras fantasmas y otras innecesarias o de pésima calidad; licitaciones manipuladas o arregladas, addendas reiteradas, compras fraccionadas, ventas de empresas públicas y patrimonios del Estado subvaluadas, privatizaciones o expropiaciones convenidas, grandes delitos tributarios, desvió y saqueo de los fondos sociales, malversación de las donaciones, ayudas internacionales y de los créditos de fomento; el tráfico de Leyes, Decretos, Resoluciones y sentencias judiciales; alianzas políticas mercantiles, gestiones financieras dadivosas, lavado de dinero, protecciones al narcotráfico y el terrorismo; y todo ello amparado en la impunidad oficial y el sistema de lealtades delincuenciales y el uso y abuso del poder.

La existencia de este maligno sistema socioeconómico y político, tanto a nivel global, nacional, regional, local e institucional, en lo público y lo privado, es conocido por la sociedad o parte de ella, pero tolerado por la hipocresía social y la complicidad de la prensa, amparado por el poder que, finalmente degrada las condiciones de vida de los pueblos, que se ven empobrecidos y envilecidos por la miseria, dificultando los procesos del desarrollo humano. 

Las economías basadas en la extracción de materias primas (minerales, petróleo, gas, etc.) son históricamente las más vulnerables y proclives a la creación y afincamiento de las cleptocracias. América Latina, África y Asia son, concretamente, las regiones más propensas a contraer esta pandemia destructiva que, lamentablemente, puede dar lugar a la instauración de Estados fallidos.

Un Estado fallido se caracteriza por el fracaso social, político y económico, por tener un gobierno ineficaz y desinteresado con las necesidades de la población, que pierde control sobre vastas regiones de su territorio, o incapaz de proveer servicios básicos a la población pobre, presenta altos niveles de corrupción y de criminalidad, de refugiados y desplazados, así como una marcada degradación económica y social (5). A todo esto laman algunos estudiosos como "la maldición de los recursos naturales".

Ranking de los diez mayores cleptócratas del mundo

Según información de Transparencia Internacional difundida en la BBC y Wikipedia, son ejemplos de cleptocracia en el mundo los gobiernos de los tristemente célebres Suharto, Fernando Marcos, Mobuto Sese Seko, Sani Abacha, Milosevic, Duvalier, Fujimori, Lasarenko, Arnoldo Alemán y Joseph Estrada, considerados como los 10 mayores cleptócratas de todos los tiempos a nivel mundial.



El Informe Global de la corrupción de Transparencia Internacional (1), poco difundido en el medio latinoamericano y particularmente peruano, señala que entre los cleptócratas del ranking mundial figuran ex gobernantes latinoamericanos  JC Duvalier y Fujimori ¿Hasta que punto es cierto lo afirmado por TI? De ser cierto, ¿Dónde está el dinero perteneciente a todos los haitianos y peruanos? ¿Qué hacer para recuperarlo? ¿Quiénes son los responsables del activar el recupero?  ¿hasta cuándo es posible recuperarlo?. Los pueblos de todos esos países exigen respuestas concretas y sinceras. 


¿Qué hacer contra la cleptocracia?


Para superar la gravedad de la cleptocracia, es necesario ponerla, sin temor y con prioridad, en la agenda social. Que los nuevos líderes políticos tengan voluntad de enfrentarla y definan integralmente a largo y corto plazo, estrategias, políticas, programas y proyectos de prevención, persecución y sanción drástica de la corrupción en todas sus modalidades, empezando por hacer imprescriptibles los delitos, encarcelando al corrupto previo juzgamiento y, cómo no, fortaleciendo y democratizando el sistema de partidos políticos que, en el caso peruano, está en ruinas.


Pero sobre todo, es prioritario mejorar cualitativamente la educación familiar y formal basada en nuevos valores y la capacitación integral y permanente en materia de ciudadanía responsable, lo cual es crucial para forjar hogares y comunidades sólidas cultural y moralmente, deseosas de alcanzar el bienestar en base del trabajo  honrado y los negocios con ganancia justa.

También es necesario forjar una nueva ética y responsabilidad de los gobernantes y gobernados basados en el espíritu de servicio público, disminuyendo las desigualdades patrimoniales y de los ingresos que en estos tiempos se están exacervando; la erradicación de la pobreza, la generación de puestos de trabajo dignos y decorosos, sobre todo para los jóvenes y, en suma, mayores oportunidades para el desarrollo humano en el siglo XXI.

Es preciso, también, que los organismos internacionales de desarrollo analicen a fondo y en concierto la problemática ligada a la cleptocracia y su rápida expansión por el planeta a fin de tomar acuerdo generales para perseguir y exterminar este flagelo. Es hora de adoptar medidas concertadas y eficaces para frenar, perseguir y erradicar este mal del siglo XXI. Después podría ser demasiado tarde.

Referencias:
(1)    Wikipedia, la Enciclopedia Libre. En http://es.wikipedia.org/wiki/Cleptocracia
(5)    Wikipedia, la Enciclopedia Libre. En http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_fallido

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