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jueves, julio 14, 2011

CONFIRMAN CONDENA A FUJIMORI POR CORRUPCIÓN


La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó ayer la condena de seis años de prisión al Alberto Fujimori, ex presidente del Perú, quien deberá pagar con 6 años de cárcel y una indemnización algo mayor a 24 millones de nuevos soles por los casos de corrupción de funcionarios: cohecho activo genérico en agravio del Estado; y violación del secreto de las comunicaciones, interferencia telefónica en agravio de 28 personas. Se trata de una causa independiente a la de los delitos contra los Derechos Humanos por los que está condenado a 25 años; por usurpación de funciones, seis años y otra causa que aún está en curso, vinculado por pagos a Vladimiro Montesinos.

La condena fue confirmada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema integrada, para este caso, por los jueces supremos Robinson Gonzales Campos, Jorge Solís Espinoza, Duberlí Rodríguez Tineo, Elvia Barrios Alvarado y José Neyra Flores, al desestimar por unanimidad los recursos interpuestos por la defensa del inculpado, e inclusive de la Fiscalía que pedía ocho años de pena (1).


Para el tribunal que juzgó el caso, los cargos se encuentran “suficientemente acreditados”. Los delitos señalados incluían peculado doloso, corrupción de funcionarios, cohecho activo genérico, en agravio del Estado; y violación del secreto de las comunicaciones, interferencia o escucha telefónica, en agravio de 28 personas. Gran parte de la indemnización tendrá como destino el Estado, y una menor parte deberá ser repartido entre los 28 agraviados (2 y 3).

La resolución suprema precisa también que los hechos imputados al ex dictador, referente al uso de fondos públicos para asegurar su reelección y el control del Congreso de la República, así como haber liderado una organización criminal, resultan probados con la aceptación de los cargos, realizada durante el juicio público.

El fallo establece, así mismo, una sanción de prohibición para ejercer cargo público, pero esta ya se cumplió al haberse dado el año 2001.

Indica además que Fujimori se acogió a la conclusión anticipada del juicio, con la aceptación de su abogado, lo que implica el reconocimiento de responsabilidad penal y civil de los hechos descritos en la acusación fiscal y la resolución de extradicción.

Esta es la tercera condena que la Corte Suprema ratifica sobre Fujimori, tras los seis años por usurpación de funciones, y los 25 por crímenes contra los Derechos humanos. Aún resta la ratificación de la condena a siete años y medio por pagos a Vladimiro Montesinos.

La ratificación se da a conocer días después de que algunos sectores políticos pidieran el indulto del ex presidente y comentaran públicamente de que está sumido en una profunda depresión al punto de haberle hecho perder 15 kilos, lo que habría conllevado a que sus familiares desautoricen los pedidos particulares de indulto.

Esta es una nueva muestra de la lucha frontal contra la corrupción en la que se halla empeñada la justicia en el Perú.

Referencias:

jueves, julio 07, 2011

LEY 29703 “PRO CORRUPCIÓN” FUE MODIFICADA POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR DURAS CRÍTICAS


El Congreso aprobó el proyecto presentado por el Ejecutivo Aprista que, luego de duras críticas de numerosos sectores sociales del país, y principalmente por el Poder judicial, enmienda el artículo 1º de la polémica Ley 29703 y endurece las sanciones por corrupción y penas por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La vigencia de esta Ley buscaba debilitar la lucha contra la corrupción en el Perú e instaurar la impunidad en el manejo de la cosa pública.



“Los corruptos son delincuentes que no tienen necesidad de huir de nada. Nadie les agarrara el cuello. Están más allá de algún inexorable envilecimiento aunque algún juez molesto los haga comparecer para una cierta denuncia. Es una incomodidad, pero finalmente no ocurre nada”. NEUMANN, Elías.
Urgente convocatoria de gobierno aprista para reforma penal



A pesar de estar en receso legislativo, el Poder Ejecutivo convocó al Congreso a una legislatura extraordinaria para los días miércoles 6 y jueves 7 de julio urgida por las duras y extendidas críticas de la opinión pública y de sectores diversos del país a la denominada “Ley de la impunidad de los funcionarios” o “Ley pro corrupción”. La medida fue formalizada ayer a través de un decreto supremo, en el que se precisa que en la agenda figuran tres proyectos de ley remitidos por el Gobierno Central y que no fueron discutidos por el Parlamento.


Precisamente uno de esos proyectos y, quizá el más importante para el país, es aquel propuesto por el Poder Judicial de modificar el Código Penal sobre los delitos de corrupción contra la administración pública, que finalmente fue discutida y aprobada hoy urgido por las críticas.

Iniciativa deroga artículo 1º de la Ley 29703 

En esencia, la iniciativa deroga el artículo 1º de la Ley 29703 que, según los críticos de diversos sectores favorece esencialmente a los procesados y condenados por delitos de colusión. La norma aprobada precisa el alcance de seis artículos del Código Penal, con el fin de endurecer las sanciones y penas por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Según la Comisión de Justicia del Parlamento, existen 14,730 procesos por casos contra la administración pública que se encuentran a la fecha en la vía judicial. Con la cuestionada Ley 29703, se pretendía favorecer a muchos de estos casos a rajatablas, por lo que mereció una dura crítica casi generalizada de la nación de su promulgación, porque de esa manera se favorecería la impunidad, principalmente de los funcionarios del régimen saliente.
Férrea posición del Poder Judicial

El Poder Judicial apuntó que el grupo que preside el legislador fujimorista Rolando Souza prácticamente le ‘sacó la vuelta’ a la propuesta legislativa N° 4187/2010-PJ, “Ley de reforma de los delitos contra la administración pública”, que presentó ante el Parlamento la Corte Suprema bajo la presidencia de Javier Villa Stein, en agosto de 2010.

“La Comisión de Justicia del Congreso, elaboró y posteriormente aprobó el 13 de abril de 2011 un Texto Sustitutorio al Proyecto de Ley original presentado por el Poder Judicial, en el que no se consideraron los cambios normativos planteados”, señala en un comunicado el Poder Judicial.
La Corte Suprema aclaró que su propuesta establecía que el delito de colusión se configure como delito de peligro abstracto, con amplia injerencia punitiva que comprenda cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes o servicios, y no como se ha configurado en la polémica Ley N° 29703, que señala una sanción penal a funcionarios solo cuando su ilegalidad haya perjudicado al Estado.
El Poder Judicial agregó que, en atención del artículo 16° de la Convención de la ONU contra la Corrupción, también propuso incorporar como un nuevo tipo legal al ordenamiento penal el delito de Soborno Internacional Activo, así como el incremento de la pena al delito de abuso de autoridad. “Estas propuestas no fueron recogidas (…) pese a las dos comunicaciones remitidas por la Corte Suprema durante el proceso de debate al interior de la citada comisión”, refiere el documento.
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y Consejo Nacional de la Magistratura se pusieron a la altura del Perú
Según lo publicado hoy en “El Peruano” fue durante la novena sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), realizada en la sede del Palacio Nacional de Justicia, en que se eligió como nuevo titular de este importante foro al actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Gonzalo García Núñez. En la cita, los miembros de la CAN expresaron su preocupación por la promulgación de la Ley Nº 29703, que modificó el Código Penal, y coincidieron en que su vigencia debilitaba de por sí la lucha contra la corrupción.
Por ello acordaron, además, que la Fiscalía de la Nación, paralelamente, interponga una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley Nº 29703 para que ésta se elimine del sistema jurídico, no solo a partir de la fecha en que se expida la sentencia, sino también para atacar los posibles efectos de la "retroactividad benigna" en que algunos puedan ampararse aún estando derogada.
Propuesta legal de la Judicatura evita lagunas de punibilidad
El Poder Judicial presentó al Congreso un proyecto de ley de reformas urgentes de los delitos contra la administración pública, a fin de modificar diversos artículos del Código Penal referidos a los ilícitos sobre colusión, peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad; y, sobre todo, derogar el artículo 1 de la polémica Ley Nº 29703 e impedir lagunas de punibilidad. Entre ellos, se destaca los siguientes:
Primero, que el delito de colusión se configure como uno de peligro abstracto y se extienda no solo a la concertación o colusión con los interesados, sino también al uso de cualquier otro artificio para defraudar al Estado, entidad, organismo o empresas del Estado. Esta última se extiende a todas las figuras asociadas a la corrupción, más como una precisión relevante que como un agregado ante una laguna de punibilidad. Así, cerrarían efectivamente las lagunas de punibilidad que genera la Ley Nº 29703.
Segundo, respecto a los delitos de peculado doloso y culposo, la magistratura considera necesario fijar un monto como supuesto de grave perjuicio: 100 UIT, y un monto como supuesto de mínimo perjuicio: 10 UIT. Dicha alternativa está referida a las sanciones penales, que se reequilibran en atención a la opción asumida. Mientras que, en el peculado por uso, se identifica que el concepto de administración pública también comprende a las empresas públicas y se incorpora a los "otros bienes públicos destinados al servicio personal por razón del cargo", dado que el funcionario también recibe para su uso personal otros tipos de bienes que redundan en un mejor servicio.
Tercero, califica al delito de malversación de fondos como uno de resultados que genere perjuicios. Así, el funcionario o servidor que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, generando la suspensión temporal o definitiva del servicio o el retardo en el cumplimiento de la función encomendada, será severamente reprimido. También se plantea una nueva perspectiva en la extensión de la pena privativa de libertad, en armonía con el principio de estricta proporcionalidad.
Cuarto, que el delito de enriquecimiento ilícito se configure a partir, primero, de un abuso del cargo, y no necesariamente durante el ejercicio del cargo como señalaba la Ley Nº 29703; y, segundo, cuando el agente es un alto funcionario público la pena se agravará significativamente hasta los 18 años, entre otros.
Según la iniciativa, los delitos en cuestión tienen prevista otra pena principal, conjunta con la privativa de libertad, como es la inhabilitación de uno a tres años conforme al art. 36 del Código Penal. Por tanto, no resultará necesario reiterar esa pena en los diferentes tipos legales objeto de la reforma.
Ante las agudas y resonantes críticas que se suscitaron en diversos sectores del país y el extranjero, el gobierno Apro-Fujimorista se vio prácticamente obligado a convocar a la reforma del Código penal y adoptar el proyecto del Poder Judicial para volver a la redacción original de los tipos penales vigentes que existía hasta antes de la promulgación de la ley 29703 y, asimismo, para precisar el alcance de seis artículos del Código Penal y establecer sanciones más severas por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
¡EL PERÚ ES MÁS GRANDE QUE LA CORRUPCIÓN...Y  FINALMENTE VENCERÁ!

domingo, mayo 08, 2011

LA HORA DE LA VERDAD




A continuación publicamos un artículo de la pluma del Premio Nobel Mario Vargas Llosa publicado en el Diario EL PAÍS, de España. Su contenido es una verdadera alerta para los peruanos creyentes de la democracia, respetuosos de los derechos humanos y practicantes de la honradez. Nos dice que el Perú se halla en estos días frente a una extraordinaria paradoja: evitar el socialismo o propiciar el retorno del fascismo y la corrupción. “Es la hora de la verdad”.



TRIBUNA: MARIO VARGAS LLOSA


PIEDRA DE TOQUE. La sucia campaña contra Ollanta Humala de los partidarios de Keiko Fujimori hace temer lo que podría ocurrir si la dictadura fuji-montesinista recuperara en la segunda vuelta el poder en Perú.

Aunque no soy creyente, tengo muchos amigos católicos, sacerdotes y laicos, y un gran respeto por quienes tratan de vivir de acuerdo con sus convicciones religiosas. El cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, en cambio, me parece representar la peor tradición de la Iglesia, la autoritaria y oscurantista, la del Index, Torquemada, la Inquisición y las parrillas para el hereje y el apóstata, y su reciente autodefensa, Los irrenunciables derechos humanos, publicada el 1 de mayo en Lima, justifica todas las críticas que en nombre de la democracia y los derechos humanos recibe con frecuencia y, principalmente, de los sectores católicos más liberales.

Extraordinaria paradoja: con tal de evitar la llegada del socialismo, que venga el fascismo
En su texto, desmiente que dijera jamás que "los derechos humanos son una cojudez" (palabrota peruana equivalente a la española gilipollez) y afirma que, en realidad, a quien aplicó tal grosería fue sólo a la Coordinadora de Derechos Humanos, una institución dirigida por una ex religiosa española, Pilar Coll, que durante los años de las grandes matanzas perpetradas por la dictadura fujimorista llevó a cabo una admirable campaña de denuncia de los crímenes, torturas y desapariciones que se cometían con el pretexto de la lucha contra Sendero Luminoso. (La Comisión de la Verdad, que presidió el ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner, ha documentado estas atrocidades).
El cardenal Cipriani desmiente, además, que durante la dictadura hubiera guardado silencio frente a uno de los crímenes colectivos más abyectos cometidos por Fujimori y sus cómplices: la esterilización, mediante engaños, de unas 300.000 campesinas a las que, por orden del dictador, los equipos del Ministerio de Salud ligaron las trompas o castraron, asegurándoles que se trataba de simples vacunas o de una medida que sólo temporalmente les impediría concebir. ¿Cómo es que nadie se enteró en el Perú de que el arzobispo había encontrado reprobables estos atropellos? Porque en vez de protestar públicamente ¡se limitó a hacerlo en privado, es decir, susurrando con discreción su protesta en el pabellón de la oreja del dictador!
El cardenal no suele ser tan discreto cuando se trata de protestar contra los preservativos y no se diga el aborto, o, para el caso, contra quienes en esta segunda vuelta de las elecciones peruanas apoyamos a Ollanta Humala. Por ejemplo, por haberlo hecho yo, me ha amonestado de manera estentórea y nada menos que desde el púlpito de la catedral de Lima, durante un oficio. Me ha pedido "más seriedad" y ha clamado que cómo me atrevo a dar consejos por quién votar a los peruanos. El cardenal está nervioso y olvida que todavía hay libertad en el Perú y que cualquier ciudadano puede opinar sobre política sin pedirle permiso a él ni a nadie. (Claro que las cosas cambiarán si sale elegida la señora Fujimori, la candidata a la que él bendecía en aquel mismo oficio en el que me prohibía opinar).
No sólo el arzobispo de Lima se excede en estos días de campaña y guerra sucia en el Perú. Una connotada fujimorista, también del Opus Dei, como monseñor Cipriani, Martha Chávez, ha amenazado públicamente al presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, eminente jurista que presidió el Tribunal que condenó a 25 años de cárcel a Fujimori por crímenes contra los derechos humanos, con esta frase profética: "Tendrá que responder en su momento".
Pero acaso lo más inquietante sean los intentos de purgar a los medios de comunicación, principalmente los canales de televisión, de periodistas independientes y probos, que se resisten a convertirse en propagandistas de la candidatura de la hija del ex dictador. El caso más sonado ha sido el de Patricia Montero, productora general, y José Jara, productor de un noticiero, ambos del Canal N, despedidos, según ha denunciado la primera de ellos, porque los directivos estimaron que habían "humanizado" al candidato Humala en los boletines (¿pretendían que lo animalizaran, más bien?). Estos despidos han provocado una verdadera tempestad de críticas, entre ellas de los más prestigiosos periodistas del propio Canal N, en defensa de sus colegas, y amenazas de renuncias masivas en caso de que continúe la caza de brujas. Lo cual parece haber paralizado por el momento el despido de la prestigiosa y experimentada periodista del Canal 4, Laura Puertas, a quien se reprocha también, por lo visto, padecer de total ineptitud para el servilismo.
Finalmente, una denuncia publicada el miércoles 4 de mayo en el diario La Primera, que dirige César Lévano, precisa que el gobierno, apoyado por empresarios mineros, habría encargado a los servicios de inteligencia del Estado un Plan Sábana, destinado a destruir la campaña de Ollanta Humala con los métodos delictuosos -espionaje telefónico, operaciones calumniosas y escandalosas filtradas a la prensa para minar su prestigio y el de su entorno familiar utilizando mercenarios y provocadores- con que, en 1990, el gobierno conspiró contra mí cuando yo fui candidato a la Presidencia. La denuncia proviene, al parecer, de militares y civiles del servicio de inteligencia indignados de que se los utilice para fines políticos ajenos a su misión específica.

Todo esto merece una reflexión. Si estas cosas comienzan a ocurrir ahora, en plena campaña electoral, ¿no es fácil imaginar lo que sucedería en el caso de que la señora Fujimori ganara las elecciones y la dictadura fuji-montesinista recuperara el poder oleada y sacramentada por los votos de los peruanos? Los periodistas decentes y responsables expulsados de sus puestos no serían cinco (también han sido despedidos tres de Radio Líder, Arequipa) sino decenas, y las radios, los canales y los periódicos convertidos, como lo estuvieron durante los ocho años de oprobio que vivió el Perú, en órganos de propaganda encargados de justificar todas las tropelías y tráficos del poder y de cubrir de injurias y calumnias a sus críticos. No sólo el doctor César San Martín sería víctima de su probidad y entereza magisterial. Todo el Poder Judicial se vería una vez más sometido a una criba implacable para apartar de sus cargos, o reducirlos a la total inoperancia, a los jueces que se resistieran a ser meros instrumentos dóciles del gobierno. Reparticiones públicas, Fuerzas Armadas, empresas privadas, serían, otra vez, incorporadas al sistema autoritario para que, de nuevo, el país entero quedara a merced del puñadito de forajidos que, entre los años 1990 y 2000, perpetró el más espectacular saqueo de las arcas públicas y los más horrendos crímenes contra los derechos humanos de nuestra historia.
Quienes quieren semejante futuro para el Perú no son muchos, pero sí son poderosos y, como están asustados con la perspectiva de que Humala gane las elecciones y cometa los desafueros y horrores de Hugo Chávez en Venezuela, están dispuestos a cualquier cosa con tal de asegurar el triunfo de Keiko Fujimori. Extraordinaria paradoja: con tal de evitar el socialismo, que venga el fascismo. ¡Y todo eso, en nombre de la libertad, de la democracia y del mercado libre!
En verdad, la disyuntiva que tiene por delante el Perú en las elecciones del 5 de junio próximo, es la de salvaguardar la imperfecta democracia política que tenemos desde hace 10 años y una política de mercado y de apertura al mundo que ha hecho crecer nuestra economía de manera notable, o volver a un régimen dictatorial que, guardando ciertas formas institucionales, restablecería en el gobierno a quienes, en complicidad con Fujimori y Montesinos, destruyeron el Estado de derecho, se enriquecieron cometiendo las más descaradas pillerías y durante ocho años perpetraron horrendos crímenes con el pretexto de combatir la subversión. A mi juicio en semejante disyuntiva la peor opción es Keiko Fujimori.
Ollanta Humala ha hecho un "Compromiso con el Pueblo Peruano" que conviene tener muy presente, no sólo a la hora de votar por él, sino sobre todo una vez que acceda al gobierno, para recordárselo cada vez que parezca apartarse de alguna de sus promesas. No habrá reelección. Se cumplirá con los tratados firmados, no habrá estatizaciones, se respetará el derecho de propiedad y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), la lucha contra la corrupción será implacable, habrá una política de apoyo social sostenida, sobre todo en los campos de la educación y la salud pública, para los sectores más desfavorecidos, así como estímulos y facilidades para la formalización de las empresas. El respeto al pluralismo informativo, a la independencia de la prensa y al derecho de crítica será total. Estos puntos han sido expresados, además, de viva voz, en las reuniones que ha celebrado el candidato con la confederación de empresarios y las asociaciones de prensa. Todo esto es perfectamente compatible con la democracia y con las políticas de mercado vigentes y tiende a perfeccionarlas, no a recortarlas ni menos suprimirlas. No sólo depende de la voluntad de Ollanta Humala que este compromiso se cumpla. Depende, sobre todo, de que quienes lo apoyemos en la elección del 5 de junio dejemos claro que es a estas políticas a las que damos nuestro apoyo y que nos mantendremos firmes exigiendo su cumplimento.
© Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2011. © Mario Vargas Llosa, 2011.

Referencia:


miércoles, marzo 23, 2011

DIEZ MANDAMIENTOS PARA QUE LOS POLÍTICOS DESPIERTEN INTERÉS Y COSECHEN VOTOS


La gran mayoría de ciudadanos del Perú y del mundo entero se muestran incrédulos con los políticos, porque piensan que poco o nada les importa el bienestar del pueblo, sino satisfacer sus propios intereses personales o de grupo, apelando inclusive a la inmoralidad. Sin embargo, si los políticos asumieran sensata y responsablemente una serie de deberes y demostraran que realmente tienen vocación de servicio público, podría cambiar esta percepción negativa y hacer que los ciudadanos muestren interés por ellos y darles los votos que requieren para ser ungidos en los cargos representativos a los que postulan.

Las inconductas reiteradas y los malos hábitos de la clase política constituyen un grave problema social que preocupa no sólo a los ciudadanos peruanos, sino a los ciudadanos de todos los países del mundo, según numerosos estudios realizados en los últimos tiempos.
Son factores subyacentes en la devaluación de los políticos, entre otros, la corrupción generalizada, salvo rarísimas excepciones, pues “El 56% considera (…) que la corrupción de funcionarios y autoridades son el principal factor que impide el desarrollo del país”(1). Otro factor es el enfrentamiento agresivo y sucio entre los rivales de partidos opositores, e incluso entre miembros de un mismo partido; el transfuguismo, la demagogia, el cinismo; el goce de gollerías y privilegios usando los recursos públicos; etc.
En el caso peruano, esa imagen deteriorada se percibe fácilmente en las últimas campañas electorales entre 2010 y 2011, cuyo efecto se observa en los rápidos y drásticos cambios en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor de un candidato y en contra de otro, tal como se constata en las tendencias. Las sorpresas electorales se adueñan de la situación y reina la incertidumbre a la hora de elegir tanto a un candidato a la Presidencia de la República, como a una curul parlamentaria o, incluso, a una alcaldía.

¿Es posible mejorar esa ingrata percepción en el electorado?
Según los expertos en campañas electorales Steven Jarding y Klaus Schüler (2) es posible  revertir esa mala percepción aplicando una serie de medidas concretas y destacando la necesidad de profesionalizar la política y, por ende, la gestión pública.
Jarding ha trabajado 33 años en campañas electorales y conseguido ganar elecciones que se daban por perdidas. Schüler, por su parte, es conocido en Alemania por el éxito de la campaña de reelección del canciller Angela Merkel en 2009. Ambos expertos consideran que los políticos deberían seguir una serie de reglas si quieren ser tenidos en cuenta por los electores. Aquí presentamos apretadamente esas magníficas ideas y aconsejamos cumplirlas a los actuales candidatos para alcanzar el éxito deseado (3 y 4).
Los 10 mandamientos del líder político
1.  Entrar al corazón de la gente. Esto es lo más importante en una campaña, pues, a través del mensaje se establece la conexión con el elector y lo apasiona. Para ello el mensaje debe ser claro, sencillo, corto, fácil de comprender y que responda a las necesidades y problemas de las personas. Un slogan ayuda mucho en esta tarea y no deberían tener más de tres palabras.
 2.   Conocer al votante. Para lo cual se requiere saber cuáles son las necesidades, los problemas y expectativas de los votantes, sus miedos e inseguridades. Eso significa conocer la vida de aquellos y, de acuerdo con eso, preparar un mensaje penetrante y sutil. Para tal efecto los asesores políticos o el equipo de campaña deben investigar la realidad, la documentación existente sobre el caso, en detalle.
3. Hablar de las personas, no del partido político. Evitar las generalidades o las referencias del partido. Hay que tomar al elector como una persona humana con sus derechos y no como un mero votante. En ese sentido, cuando sea necesario, salirse de la línea convencional y entrar a ganar votos subliminal e inteligentemente. Lo importante es ganar mutuamente.
4. Rodearse de un buen equipo. Un personal pésimo no levanta una campaña. Es preciso reconocer que, como se dedican muchas horas y se cobra poco, mayoritariamente la gente joven quiere trabajar en esto. Por eso el político debe elegir primero a un buen director de campaña, “con experiencia, motivador y que pueda enfrentarse al candidato. Evitar rodearse de gente que dice sí a todo y necesita que de vez en cuando se le ponga en su sitio. 
Hay otros puestos clave: el jefe de prensa o la persona que administre la agenda del candidato; el que le prepare los discursos; otro que le conduzca el vehículo y tome los nombres de la gente con quien conversa. Asimismo, se requiere de investigadores, un administrador de la página web y de las redes sociales; y alguien dedicado a la financiación. 
5. Utilizar el internet y las redes sociales. El político debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para comunicar su mensaje a los votantes. El internet, los e-mails, Faceboook, Twitter y otras redes sociales que tienen la ventaja de que permiten dirigirse directamente al ciudadano, sin filtro alguno. En el mismo sentido, están las páginas web y los blogs para las campañas on-line actualizables a cada hora, a diferencia de los diarios.
6. Desarrollar la campaña como un negocio. Hay que planificar y organizar una campaña disciplinadamente para evitar improvisaciones. Elaborar un plan que permita estructurar mensajes que se quieren transmitir acorde a los objetivos pre definidos, teniendo en cuenta el presupuesto que se cuenta, el cronograma con la agenda del candidato para “hacer una buena gestión de su tiempo. Ejecutar las acciones previstas y evaluar los resultados e impactos para realimentar el proceso.
7. No importa lo que se dice, sino cómo se dice. El lenguaje corporal, el cambio de tono y volumen de la voz, así como el énfasis de las palabras y las miradas a los ojos son cruciales para llegar a la gente. Lo importante es transmitir el mensaje. Varios estudios han demostrado que el 55% del mensaje es interpretado a través del lenguaje corporal, el 38% a través de la voz y el 7% a través de las palabras. Hay que saber desarrollar adecuadamente el mensaje. Es crucial dominar las técnicas de cómo hablar en público. No olvidar que la gente cree más en lo que ve que en lo que oye. Mientras más se habla, menos recordará el votante.
8. Ser auténtico, no copiar. Todo político debe buscar un estilo propio. Cada campaña electoral es única y el que copia es altamente probable que pierda. Por tanto debe buscar la autenticidad y evitar lo que dijo algún otro político a quienes les fue bien con un determinado mensaje o una determinada estrategia.
9. Conocer cómo funcionan los medios de comunicación. Los políticos están obligados a conocer el funcionamiento de la prensa hablada, escrita y televisiva. Al enfrentar a una entrevista no hay nada mejor que pensar en el titular que desea que salga mañana, o sea, tener claro el mensaje que se quiere transmitir, pues la prensa vuelve siempre a ellos con preguntas al político, especialmente si éste no sabe o puede responder. 
10. Pedir perdón, pero jamás mentir. Algo que el electorado no perdona es la mentira. Es fundamental que el director de campaña conozca cualquier detalle oscuro de la vida del político u candidato (líos de faldas, problemas con el alcohol, o las drogas e incluso con la justicia) porque así será más fácil reaccionar a ello si se descubre. En caso de que se descubra, reconocer el error y admitirlo.

Perfil sintético del líder político
Por lo tanto, si un candidato quiere ser un auténtico líder político, debe convertirse en visionario y negociante de esperanzas y, para esto, necesita estudiar y entender el pasado, vivir intensamente el presente e imaginar el futuro. Debe comprender que el liderazgo político es esencialmente acción y servicio, pero nunca posición. Para apoyarse debe buscar a las personas correctas, fuertes y preparadas y hacer a un lado a los adulones. Ser siempre respetuoso con todos para que la gente también lo respete. Abrir su partido a los demás, sin exclusión y especialmente a los jóvenes. Elegir según los méritos, preparación y arraigo público a sus acompañantes en la lid. Cumplir lo que promete, no dar excusas elusivas y dar cuenta de sus actos con regularidad.
Aunque sólo faltan tres semanas para la prueba mayor el 10 de Abril, siempre es tiempo de hacer lo correcto y de enmendar errores. Nunca temer del fracaso, que es el camino del éxito.
Referencias:

domingo, enero 16, 2011

TRES SON LOS SITIOS DE INTERNET MÁS VISITADOS EN EL MUNDO (21.000 millones de visitas por año)


Un estudio MarkMonitor, empresa de protección de marcas, Analizó los niveles de tráfico en 43 sitios de internet de este tipo y encontró que generaban más de 53.000 millones de visitas al año. Los tres sitios más concurridos son: RapidShare.com, Megavideo.com y Megaupload.com, que juntas han generado más de 21.000 millones de visitas.



Dichos sitios utilizan un método alternativo al punto a punto (P2P, en inglés), que hasta ahora era de los más usados para descargar material protegido con derechos de autor. El nuevo método funciona bajo la premisa de que lo que se le ofrece al usuario es un lugar en el cual guardar su contenido -películas, música y otros materiales, contenido que el usuario puede compartir con sus contactos.

Se puede acceder a dichas páginas, en las siguientes direcciones electrónicas:
http://www.rapidshare.com/

Fuente:
BBC Mundo, en “Los piratas más atractivos”

LA DESNUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA

Vídeo: Prepárense para un "huracán económico", advierte el jefe de JPMorgan

NOAM CHOMSKY Y LA TORMENTA PERFECTA DE ESTOS TIEMPOS (Conferencia en Uruguay)

VÍDEO: LIBERALISMO y DESIGUALDAD según HAYEK

Presentación: Reactivación económica de Áncash en tiempos de pandemia

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