En estos días fríos de Julio se está entronizando rápidamente la violencia e inseguridad ciudadana en Ancash - Perú, sin que nadie lo pare. Dos personas han sido asesinadas en la última semana: José Luis Sánchez Milla, Presidente del Gobierno regional Ancash, emboscado en Trujillo; y en Chimbote Torres Blas, hijo político de Ezequiel Nolasco, voceado sucesor del Presidente fallecido que, al cierre de esta redacción, se hallaba en un hospital y con pronóstico reservado, luego de haber sido baleado en su propia vivienda. Frente a ello, cierta prensa alude como causa de los hechos al accionar de supuestos delincuentes comunes; pero en las calles, el rumor a voz baja de los ciudadanos, y otro sector de la prensa, intuye al accionar del crimen organizado detrás de la danza de millones de soles provenientes del canon minero y de su destino.
Al respecto, los recursos del Canon Minero asignado a la Región Ancash entre 2007 y 2010, según el Ministerio de Economía y Finanzas (1), asciende a 3 mil 488 millones de nuevos soles, los cuales fueron entregados por el gobierno central, tal como se muestra en el cuadro precedente.
Desde aquí expresamos nuestra sentida condolencia a los familiares y amigos de las víctimas, y hacemos votos porque finalice de una vez por todas la ola de masacres que, prácticamente, ya está mexicanizando Ancash, tiñéndola de sangre y vistiéndola de luto, sin que se haga algo por detenerla o erradicarla.
La ciudadanía necesita saber los verdaderos móviles de los homicidios, las causas o motivaciones de los hechos luctuosos, pero sobre todo, detener los hechos de sangre. Por eso creemos razonable que todos los poderes del Estado pongan atención a los acontecimientos y que aquilaten el peligro en su real magnitud, y no permanezcan indiferentes ante la gravedad de los mismos; refugiándose en el silencio cómplice, o concentrándose en sus jugosas gratificaciones de fiestas patrias, o distrayéndose en sus próximas campañas electorales.
Desde aquí pensamos que es necesario fortalecer el sistema democrático regional y del país y para ello, es preciso que los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial trabajen con la necesaria independencia, pero intensa y coordinadamente, en defensa de los derechos humanos y la tranquilidad pública, asumiendo cada quien el rol que les compete por mandato constitucional.
Por ejemplo, se requiere que el Poder Legislativo asuma apropiadamente su rol, normando sobre los mecanismos de fiscalización y control eficaces en todas las instancias gubernamentales. Los que hoy existen, son prácticamente ineficaces e inservibles. A ello se debe añadir la institución de prácticas de investigación parlamentaria, interpelaciones, censuras, sistemas de vigilancia ciudadana, rendición de cuentas, entre otros. Y de verificarse las anomalías o actos de corrupción, proceder a las destituciones o inhabilitaciones de los funcionarios públicos hallados culpables y ponerlos en manos de la justicia.
El ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, debería asumir la responsabilidad de prevenir, perseguir y detener policialmente a los homicidas, usando los medios que dispone y evitar futuros atentados contra los ciudadanos.
Por su parte, el Poder Judicial debería proceder a las investigaciones que se requieren para formalizar las denuncias judiciales pertinentes, a fin de que no queden impunes los autores de los hechos sangrientos, para no crear un mal precedente.
Los sucesos recientes están poniendo en zozobra la incipiente y frágil democracia ancashina que, de no atenderla, podría extenderse a escala nacional. Precisa de una atención especial y urgente, antes que sea demasiado tarde.
Referencias:
(1) http://www.larepublica.pe/regionales/22/07/2010/039la-bestia-lo-sabe-todo-preguntenle039
(2) http://enlacenacional.com/2010/07/20/posible-sucesor-de-asesinado-presidente-regional-de-ancash-fue-baleado-en-chimbote/
