RIESGO DE RECESIÓN GLOBAL ES INMINENTE, SEGÚN EL FMI Y EL BM

Apenas empieza Septiembre y ya se tiene la fría advertencia de una “inminente” recesión económica mundial por parte de Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, quien afirma, además, que el margen de maniobra es menor que en 2009. El Banco Mundial también advierte del mismo peligro (1). Esta pésima noticia sobreviene a los sobresaltos económicos vividos durante el mes de agosto por los fuertes remezones de los mercados y el recrudecimiento de la crisis europea. Las dos principales instituciones de la economía internacional han alertado este fin de semana de que, “por muy mal que vayan las cosas, siempre pueden empeorar”.

El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, anunció el sábado que el mundo entra en "una nueva zona de peligro” en las que afirma que los países no tienen margen ya para afrontar la tormenta económica que se avecina (2). Por su parte la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christine Lagarde, ha sido más categórica, pues en una entrevista publicada en la fecha por el semanario alemán Der Spiegel alerta del riesgo de una recesión global "inminente". Aunque, da la esperanza de que aún se puede frenar el "círculo vicioso". ¿Está el mundo al borde de una nueva recesión?, le preguntaron los periodistas alemanes, y ella respondió: "Todavía podemos evitarla. Las posibilidades de los Gobiernos y de los bancos centrales son algo menores que en 2009, porque ya han disparado buena parte de la pólvora. Pero si los Gobiernos, organizaciones internacionales y bancos centrales trabajan juntos, la evitaremos" y agregó que el problema con la economía estadounidense es un "problema de confianza". (3).

Lagarde apunta al corazón de los problemas: el parón del crecimiento y el alto endeudamiento público. "La combinación de estos factores erosiona la confianza en países enteros y en sus sistemas financieros. Cuando los bancos entran en dificultades, las contagian a entidades de otros países, provocando una espiral descendente que es necesario parar ahora". Frente a ello propone que los países con problemas "adapten sus programas de austeridad a la nueva situación" y se planteen nuevas medidas "para fomentar el crecimiento". Sin embargo, tras este lenguaje encriptado se esconde una crítica a la austeridad extrema impuesta por Angela Merkel, que amenaza con ahogar el ligerísimo repunte que hace meses comenzó a vivir la mayor parte de Europa.

La ex ministra francesa pide a Alemania que incentive el consumo interno para reactivar la economía. Con esta medida, Berlín compensaría las caídas inherentes a un descenso en las exportaciones producto de la desaceleración del comercio internacional y, además, apuntalaría las economías de sus socios europeos.

Los síntomas de la grave enfermedad están a la vista desde hace buen tiempo, pero no se ha podido curar el mal. En los principales países del viejo mundo, ni los planes de ajuste cada vez más severos y salvajes, ni los fondos de rescate cada vez más cuantiosos han podido frenar el pánico financiero que cunde en los principales mercados. El barril de petróleo Brent supera los 110 dólares, cuando hace un año estaba por debajo de los 80. El pesimismo se contagia a las Bolsas que, dicho sea de paso, el viernes vivieron una jornada gris. El FMI ya anunció la semana pasada que la mayoría de países industrializados -EE UU, Francia, Italia, España y otras- crecerán este año y el próximo menos de lo previsto.

El peligro de una recaída generalizada de la crisis económica es aún mayor en Europa, donde la crisis de la deuda cada vez se está complicando más y más. A los rescates financieros de Gracia, Irlanda y Portugal, ahora se avizoran las de España e Italia. Y lo que es peor, Atenas, el epicentro de este terremoto, acaba de anunciar que no podrá cumplir sus previsiones de crecimiento ni de déficit. Italia es un país que cada día preocupa más a las instituciones europeas por la mala costumbre de su Gobierno de anunciar medidas contra el déficit para luego echarse para atrás. Es un país sin rumbo, dice Luis Garicano, de la London School of Economics. Ciertamente Europa vive una encrucijada histórica. Hemos llegado al límite de lo que se podía hacer sin cambios sustanciales.

Empero, la situación económica de los Estados Unidos no es muy diferente. Tras sufrir la doble humillación de perder la máxima calidad crediticia que le otorgaba Standard & Poor's y de que el Gobierno esté a punto de declararse en bancarrota, recrudecen los temores al constatar los datos macroeconómicos decepcionantes de estos días. El alarmante paro se mantiene incólume por encima del 9%, situación contra la que el presidente Barack Obama anunciará el jueves próximo un plan de empleo que corre el riesgo de terminar en nada por la evidente debilidad de los demócratas en el Congreso.

Japón, por su parte, como tercera economía mundial, sigue sumergida profundamente en sus problemas. Tras el desastre de Fukushima, acaba de elegir al sexto primer ministro que ha tenido en los últimos cinco años y aún no ve la luz al final del túnel.

Hay muchos que no se atreven a diagnosticar si el mundo está condenado a volver a los peores momentos de 2008. Pero algunos como Garicano Laborda  están convencidos de lo complejo de la situación actual. "Cuatro años más tarde de comenzar, la crisis financiera sigue aquí. El crédito aún está estancado y la desconfianza traspasa de los mercados financieros a la economía real. Por si fuera poco, el margen de maniobra de los Gobiernos es muchísimo menor que antes, tanto en la política fiscal como monetaria". De manera que el problema no es que vayamos a recaer en la recesión, sino que nunca hemos salido de ella; y parece que va a durar mucho tiempo, más de lo que alentadoramente  se estimaba.

¿Cómo impactará esta crisis en los países menos desarrollados como el Perú y más concretamente, en personas que andan “de a pie” como muchos de nosotros? ¿Estará el gobierno peruano tomado sus precauciones? Urge reflexionar sobre estas cuestiones, ahora más que nunca y tomar las medidas precautorias para evitar mayores repercusiones y sufrimiento al pueblo peruano.

Referencias:

(1) Sexenio. En http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=8275

(2) El País. En http://www.elpais.com/articulo/opinion/Declaraciones/irresponsables/elpepiopi/20110818elpepiopi_9/Tes
(3) Spiegel on line.  En http://www.spiegel.de/thema/christine_lagarde/

AA+ ES LA CALIFICACIÓN DE S&P A EE.UU, CON LO CUAL YA NO ES PARTE DE LOS MÁS RICOS

Hace una semana que la calificadora “Standard & Poors” bajó de categoría la solvencia crediticia de EE.UU. de AAA a AA+. desde entonces diversos medios de comunicación prestigiosos como The Economist, New York Times, El País de España, Universal de México, BBC de Londres, The Guardian informaron de esta noticia en sus titulares. Inmediatamente, salieron los estudiosos del mercado a interpretar la situación real. La mayoría de ellos señala que el problema de la deuda es un asunto fiscal  de exceso de gastos; pero no se han atrevido a decir que, en el trasfondo de esta crisis, subyace el cuestionamiento del llamado “Estado del Bienestar”, con una población desempleada de 9.1%, en el segmento de los jóvenes 25%; afro-americanos, 15.9%; e hispanos, 11,3%, según datos del propio Ministerio del Trabajo de EE.UU. a julio de 2011.

Es necesario recordar que la definición el concepto de grado de inversión alude  a que “….puede considerarse como la "nota aprobatoria" otorgada por las agencias clasificadoras de riesgo a la deuda de un país; o sea, que estas agencias afirmen que tienen confianza en que las obligaciones estudiadas serán cubiertas oportunamente por el país deudor….”. Las calificaciones van de desde AAA (óptima) y D (desaprobatoria), para lo cual toman factores tales como: crecimiento y estructura económica, flexibilidad monetaria y fiscal, niveles relativos de endeudamiento, liquidez y otros más.

El anuncio de la rebaja en la calificación de la solvencia crediticia de la más grande economía del mundo ha creado una terrible incertidumbre entre los agentes económicos, al punto de producir un derrumbe de los principales mercados bursátiles del planeta, lo cual que a su vez está remeciendo a las diversas economías del mundo. Parece que estos hechos, unidos a la ola de protestas masivas contra el sistema iniciados por los “Indignados de España” y replicados en varios países, son evidencias de que el modelo imperante está desgastado y no da para más. Ya empiezan a surgir fuerzas renovadoras que reclaman un gran cambio hacia un mundo más solidario y justo y no especulativo.

CONFIRMAN CONDENA A FUJIMORI POR CORRUPCIÓN

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó ayer la condena de seis años de prisión al Alberto Fujimori, ex presidente del Perú, quien deberá pagar con 6 años de cárcel y una indemnización algo mayor a 24 millones de nuevos soles por los casos de corrupción de funcionarios: cohecho activo genérico en agravio del Estado; y violación del secreto de las comunicaciones, interferencia telefónica en agravio de 28 personas. Se trata de una causa independiente a la de los delitos contra los Derechos Humanos por los que está condenado a 25 años; por usurpación de funciones, seis años y otra causa que aún está en curso, vinculado por pagos a Vladimiro Montesinos.

La condena fue confirmada por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema integrada, para este caso, por los jueces supremos Robinson Gonzales Campos, Jorge Solís Espinoza, Duberlí Rodríguez Tineo, Elvia Barrios Alvarado y José Neyra Flores, al desestimar por unanimidad los recursos interpuestos por la defensa del inculpado, e inclusive de la Fiscalía que pedía ocho años de pena (1).

Para el tribunal que juzgó el caso, los cargos se encuentran “suficientemente acreditados”. Los delitos señalados incluían peculado doloso, corrupción de funcionarios, cohecho activo genérico, en agravio del Estado; y violación del secreto de las comunicaciones, interferencia o escucha telefónica, en agravio de 28 personas. Gran parte de la indemnización tendrá como destino el Estado, y una menor parte deberá ser repartido entre los 28 agraviados (2 y 3).

La resolución suprema precisa también que los hechos imputados al ex dictador, referente al uso de fondos públicos para asegurar su reelección y el control del Congreso de la República, así como haber liderado una organización criminal, resultan probados con la aceptación de los cargos, realizada durante el juicio público.

El fallo establece, así mismo, una sanción de prohibición para ejercer cargo público, pero esta ya se cumplió al haberse dado el año 2001.

Indica además que Fujimori se acogió a la conclusión anticipada del juicio, con la aceptación de su abogado, lo que implica el reconocimiento de responsabilidad penal y civil de los hechos descritos en la acusación fiscal y la resolución de extradicción.

Esta es la tercera condena que la Corte Suprema ratifica sobre Fujimori, tras los seis años por usurpación de funciones, y los 25 por crímenes contra los Derechos humanos. Aún resta la ratificación de la condena a siete años y medio por pagos a Vladimiro Montesinos.

La ratificación se da a conocer días después de que algunos sectores políticos pidieran el indulto del ex presidente y comentaran públicamente de que está sumido en una profunda depresión al punto de haberle hecho perder 15 kilos, lo que habría conllevado a que sus familiares desautoricen los pedidos particulares de indulto.

Esta es una nueva muestra de la lucha frontal contra la corrupción en la que se halla empeñada la justicia en el Perú.

Referencias:

(1) http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110713/8/node/367097/todos/15

(2) http://www.cope.es/mundo/13-07-11--la-justicia-peruana-confirmo-condena-a-fujimori-por-corrupcion-251232-1

(3) http://www.abc.es/20110713/internacional/abci-condena-fujimori-peru-201107130000.html

LEY 29703 “PRO CORRUPCIÓN” FUE MODIFICADA POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR DURAS CRÍTICAS

El Congreso aprobó el proyecto presentado por el Ejecutivo Aprista que, luego de duras críticas de numerosos sectores sociales del país, y principalmente por el Poder judicial, enmienda el artículo 1º de la polémica Ley 29703 y endurece las sanciones por corrupción y penas por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. La vigencia de esta Ley buscaba debilitar la lucha contra la corrupción en el Perú e instaurar la impunidad en el manejo de la cosa pública.

“Los corruptos son delincuentes que no tienen necesidad de huir de nada. Nadie les agarrara el cuello. Están más allá de algún inexorable envilecimiento aunque algún juez molesto los haga comparecer para una cierta denuncia. Es una incomodidad, pero finalmente no ocurre nada”. NEUMANN, Elías.

Urgente convocatoria de gobierno aprista para reforma penal

A pesar de estar en receso legislativo, el Poder Ejecutivo convocó al Congreso a una legislatura extraordinaria para los días miércoles 6 y jueves 7 de julio urgida por las duras y extendidas críticas de la opinión pública y de sectores diversos del país a la denominada “Ley de la impunidad de los funcionarios” o “Ley pro corrupción”. La medida fue formalizada ayer a través de un decreto supremo, en el que se precisa que en la agenda figuran tres proyectos de ley remitidos por el Gobierno Central y que no fueron discutidos por el Parlamento.

Precisamente uno de esos proyectos y, quizá el más importante para el país, es aquel propuesto por el Poder Judicial de modificar el Código Penal sobre los delitos de corrupción contra la administración pública, que finalmente fue discutida y aprobada hoy urgido por las críticas.

Iniciativa deroga artículo 1º de la Ley 29703 

En esencia, la iniciativa deroga el artículo 1º de la Ley 29703 que, según los críticos de diversos sectores favorece esencialmente a los procesados y condenados por delitos de colusión. La norma aprobada precisa el alcance de seis artículos del Código Penal, con el fin de endurecer las sanciones y penas por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Según la Comisión de Justicia del Parlamento, existen 14,730 procesos por casos contra la administración pública que se encuentran a la fecha en la vía judicial. Con la cuestionada Ley 29703, se pretendía favorecer a muchos de estos casos a rajatablas, por lo que mereció una dura crítica casi generalizada de la nación de su promulgación, porque de esa manera se favorecería la impunidad, principalmente de los funcionarios del régimen saliente.

Férrea posición del Poder Judicial

El Poder Judicial apuntó que el grupo que preside el legislador fujimorista Rolando Souza prácticamente le ‘sacó la vuelta’ a la propuesta legislativa N° 4187/2010-PJ, “Ley de reforma de los delitos contra la administración pública”, que presentó ante el Parlamento la Corte Suprema bajo la presidencia de Javier Villa Stein, en agosto de 2010.

“La Comisión de Justicia del Congreso, elaboró y posteriormente aprobó el 13 de abril de 2011 un Texto Sustitutorio al Proyecto de Ley original presentado por el Poder Judicial, en el que no se consideraron los cambios normativos planteados”, señala en un comunicado el Poder Judicial.

La Corte Suprema aclaró que su propuesta establecía que el delito de colusión se configure como delito de peligro abstracto, con amplia injerencia punitiva que comprenda cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes o servicios, y no como se ha configurado en la polémica Ley N° 29703, que señala una sanción penal a funcionarios solo cuando su ilegalidad haya perjudicado al Estado.

El Poder Judicial agregó que, en atención del artículo 16° de la Convención de la ONU contra la Corrupción, también propuso incorporar como un nuevo tipo legal al ordenamiento penal el delito de Soborno Internacional Activo, así como el incremento de la pena al delito de abuso de autoridad. “Estas propuestas no fueron recogidas (…) pese a las dos comunicaciones remitidas por la Corte Suprema durante el proceso de debate al interior de la citada comisión”, refiere el documento.

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y Consejo Nacional de la Magistratura se pusieron a la altura del Perú

Según lo publicado hoy en “El Peruano” fue durante la novena sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), realizada en la sede del Palacio Nacional de Justicia, en que se eligió como nuevo titular de este importante foro al actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Gonzalo García Núñez. En la cita, los miembros de la CAN expresaron su preocupación por la promulgación de la Ley Nº 29703, que modificó el Código Penal, y coincidieron en que su vigencia debilitaba de por sí la lucha contra la corrupción.

Por ello acordaron, además, que la Fiscalía de la Nación, paralelamente, interponga una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley Nº 29703 para que ésta se elimine del sistema jurídico, no solo a partir de la fecha en que se expida la sentencia, sino también para atacar los posibles efectos de la "retroactividad benigna" en que algunos puedan ampararse aún estando derogada.

Propuesta legal de la Judicatura evita lagunas de punibilidad

El Poder Judicial presentó al Congreso un proyecto de ley de reformas urgentes de los delitos contra la administración pública, a fin de modificar diversos artículos del Código Penal referidos a los ilícitos sobre colusión, peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad; y, sobre todo, derogar el artículo 1 de la polémica Ley Nº 29703 e impedir lagunas de punibilidad. Entre ellos, se destaca los siguientes:

Primero, que el delito de colusión se configure como uno de peligro abstracto y se extienda no solo a la concertación o colusión con los interesados, sino también al uso de cualquier otro artificio para defraudar al Estado, entidad, organismo o empresas del Estado. Esta última se extiende a todas las figuras asociadas a la corrupción, más como una precisión relevante que como un agregado ante una laguna de punibilidad. Así, cerrarían efectivamente las lagunas de punibilidad que genera la Ley Nº 29703.

Segundo, respecto a los delitos de peculado doloso y culposo, la magistratura considera necesario fijar un monto como supuesto de grave perjuicio: 100 UIT, y un monto como supuesto de mínimo perjuicio: 10 UIT. Dicha alternativa está referida a las sanciones penales, que se reequilibran en atención a la opción asumida. Mientras que, en el peculado por uso, se identifica que el concepto de administración pública también comprende a las empresas públicas y se incorpora a los "otros bienes públicos destinados al servicio personal por razón del cargo", dado que el funcionario también recibe para su uso personal otros tipos de bienes que redundan en un mejor servicio.

Tercero, califica al delito de malversación de fondos como uno de resultados que genere perjuicios. Así, el funcionario o servidor que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, generando la suspensión temporal o definitiva del servicio o el retardo en el cumplimiento de la función encomendada, será severamente reprimido. También se plantea una nueva perspectiva en la extensión de la pena privativa de libertad, en armonía con el principio de estricta proporcionalidad.

Cuarto, que el delito de enriquecimiento ilícito se configure a partir, primero, de un abuso del cargo, y no necesariamente durante el ejercicio del cargo como señalaba la Ley Nº 29703; y, segundo, cuando el agente es un alto funcionario público la pena se agravará significativamente hasta los 18 años, entre otros.

Según la iniciativa, los delitos en cuestión tienen prevista otra pena principal, conjunta con la privativa de libertad, como es la inhabilitación de uno a tres años conforme al art. 36 del Código Penal. Por tanto, no resultará necesario reiterar esa pena en los diferentes tipos legales objeto de la reforma.

Ante las agudas y resonantes críticas que se suscitaron en diversos sectores del país y el extranjero, el gobierno Apro-Fujimorista se vio prácticamente obligado a convocar a la reforma del Código penal y adoptar el proyecto del Poder Judicial para volver a la redacción original de los tipos penales vigentes que existía hasta antes de la promulgación de la ley 29703 y, asimismo, para precisar el alcance de seis artículos del Código Penal y establecer sanciones más severas por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

¡EL PERÚ ES MÁS GRANDE QUE LA CORRUPCIÓN...Y  FINALMENTE VENCERÁ!

LA HORA DE LA VERDAD

A continuación publicamos un artículo de la pluma del Premio Nobel Mario Vargas Llosa publicado en el Diario EL PAÍS, de España. Su contenido es una verdadera alerta para los peruanos creyentes de la democracia, respetuosos de los derechos humanos y practicantes de la honradez. Nos dice que el Perú se halla en estos días frente a una extraordinaria paradoja: evitar el socialismo o propiciar el retorno del fascismo y la corrupción. “Es la hora de la verdad”.

TRIBUNA: MARIO VARGAS LLOSA

PIEDRA DE TOQUE. La sucia campaña contra Ollanta Humala de los partidarios de Keiko Fujimori hace temer lo que podría ocurrir si la dictadura fuji-montesinista recuperara en la segunda vuelta el poder en Perú.

Aunque no soy creyente, tengo muchos amigos católicos, sacerdotes y laicos, y un gran respeto por quienes tratan de vivir de acuerdo con sus convicciones religiosas. El cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima, en cambio, me parece representar la peor tradición de la Iglesia, la autoritaria y oscurantista, la del Index, Torquemada, la Inquisición y las parrillas para el hereje y el apóstata, y su reciente autodefensa, Los irrenunciables derechos humanos, publicada el 1 de mayo en Lima, justifica todas las críticas que en nombre de la democracia y los derechos humanos recibe con frecuencia y, principalmente, de los sectores católicos más liberales.

Extraordinaria paradoja: con tal de evitar la llegada del socialismo, que venga el fascismo

En su texto, desmiente que dijera jamás que "los derechos humanos son una cojudez" (palabrota peruana equivalente a la española gilipollez) y afirma que, en realidad, a quien aplicó tal grosería fue sólo a la Coordinadora de Derechos Humanos, una institución dirigida por una ex religiosa española, Pilar Coll, que durante los años de las grandes matanzas perpetradas por la dictadura fujimorista llevó a cabo una admirable campaña de denuncia de los crímenes, torturas y desapariciones que se cometían con el pretexto de la lucha contra Sendero Luminoso. (La Comisión de la Verdad, que presidió el ex rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Salomón Lerner, ha documentado estas atrocidades).

El cardenal Cipriani desmiente, además, que durante la dictadura hubiera guardado silencio frente a uno de los crímenes colectivos más abyectos cometidos por Fujimori y sus cómplices: la esterilización, mediante engaños, de unas 300.000 campesinas a las que, por orden del dictador, los equipos del Ministerio de Salud ligaron las trompas o castraron, asegurándoles que se trataba de simples vacunas o de una medida que sólo temporalmente les impediría concebir. ¿Cómo es que nadie se enteró en el Perú de que el arzobispo había encontrado reprobables estos atropellos? Porque en vez de protestar públicamente ¡se limitó a hacerlo en privado, es decir, susurrando con discreción su protesta en el pabellón de la oreja del dictador!

El cardenal no suele ser tan discreto cuando se trata de protestar contra los preservativos y no se diga el aborto, o, para el caso, contra quienes en esta segunda vuelta de las elecciones peruanas apoyamos a Ollanta Humala. Por ejemplo, por haberlo hecho yo, me ha amonestado de manera estentórea y nada menos que desde el púlpito de la catedral de Lima, durante un oficio. Me ha pedido "más seriedad" y ha clamado que cómo me atrevo a dar consejos por quién votar a los peruanos. El cardenal está nervioso y olvida que todavía hay libertad en el Perú y que cualquier ciudadano puede opinar sobre política sin pedirle permiso a él ni a nadie. (Claro que las cosas cambiarán si sale elegida la señora Fujimori, la candidata a la que él bendecía en aquel mismo oficio en el que me prohibía opinar).

No sólo el arzobispo de Lima se excede en estos días de campaña y guerra sucia en el Perú. Una connotada fujimorista, también del Opus Dei, como monseñor Cipriani, Martha Chávez, ha amenazado públicamente al presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, eminente jurista que presidió el Tribunal que condenó a 25 años de cárcel a Fujimori por crímenes contra los derechos humanos, con esta frase profética: "Tendrá que responder en su momento".

Pero acaso lo más inquietante sean los intentos de purgar a los medios de comunicación, principalmente los canales de televisión, de periodistas independientes y probos, que se resisten a convertirse en propagandistas de la candidatura de la hija del ex dictador. El caso más sonado ha sido el de Patricia Montero, productora general, y José Jara, productor de un noticiero, ambos del Canal N, despedidos, según ha denunciado la primera de ellos, porque los directivos estimaron que habían "humanizado" al candidato Humala en los boletines (¿pretendían que lo animalizaran, más bien?). Estos despidos han provocado una verdadera tempestad de críticas, entre ellas de los más prestigiosos periodistas del propio Canal N, en defensa de sus colegas, y amenazas de renuncias masivas en caso de que continúe la caza de brujas. Lo cual parece haber paralizado por el momento el despido de la prestigiosa y experimentada periodista del Canal 4, Laura Puertas, a quien se reprocha también, por lo visto, padecer de total ineptitud para el servilismo.

Finalmente, una denuncia publicada el miércoles 4 de mayo en el diario La Primera, que dirige César Lévano, precisa que el gobierno, apoyado por empresarios mineros, habría encargado a los servicios de inteligencia del Estado un Plan Sábana, destinado a destruir la campaña de Ollanta Humala con los métodos delictuosos -espionaje telefónico, operaciones calumniosas y escandalosas filtradas a la prensa para minar su prestigio y el de su entorno familiar utilizando mercenarios y provocadores- con que, en 1990, el gobierno conspiró contra mí cuando yo fui candidato a la Presidencia. La denuncia proviene, al parecer, de militares y civiles del servicio de inteligencia indignados de que se los utilice para fines políticos ajenos a su misión específica.

Todo esto merece una reflexión. Si estas cosas comienzan a ocurrir ahora, en plena campaña electoral, ¿no es fácil imaginar lo que sucedería en el caso de que la señora Fujimori ganara las elecciones y la dictadura fuji-montesinista recuperara el poder oleada y sacramentada por los votos de los peruanos? Los periodistas decentes y responsables expulsados de sus puestos no serían cinco (también han sido despedidos tres de Radio Líder, Arequipa) sino decenas, y las radios, los canales y los periódicos convertidos, como lo estuvieron durante los ocho años de oprobio que vivió el Perú, en órganos de propaganda encargados de justificar todas las tropelías y tráficos del poder y de cubrir de injurias y calumnias a sus críticos. No sólo el doctor César San Martín sería víctima de su probidad y entereza magisterial. Todo el Poder Judicial se vería una vez más sometido a una criba implacable para apartar de sus cargos, o reducirlos a la total inoperancia, a los jueces que se resistieran a ser meros instrumentos dóciles del gobierno. Reparticiones públicas, Fuerzas Armadas, empresas privadas, serían, otra vez, incorporadas al sistema autoritario para que, de nuevo, el país entero quedara a merced del puñadito de forajidos que, entre los años 1990 y 2000, perpetró el más espectacular saqueo de las arcas públicas y los más horrendos crímenes contra los derechos humanos de nuestra historia.

Quienes quieren semejante futuro para el Perú no son muchos, pero sí son poderosos y, como están asustados con la perspectiva de que Humala gane las elecciones y cometa los desafueros y horrores de Hugo Chávez en Venezuela, están dispuestos a cualquier cosa con tal de asegurar el triunfo de Keiko Fujimori. Extraordinaria paradoja: con tal de evitar el socialismo, que venga el fascismo. ¡Y todo eso, en nombre de la libertad, de la democracia y del mercado libre!

En verdad, la disyuntiva que tiene por delante el Perú en las elecciones del 5 de junio próximo, es la de salvaguardar la imperfecta democracia política que tenemos desde hace 10 años y una política de mercado y de apertura al mundo que ha hecho crecer nuestra economía de manera notable, o volver a un régimen dictatorial que, guardando ciertas formas institucionales, restablecería en el gobierno a quienes, en complicidad con Fujimori y Montesinos, destruyeron el Estado de derecho, se enriquecieron cometiendo las más descaradas pillerías y durante ocho años perpetraron horrendos crímenes con el pretexto de combatir la subversión. A mi juicio en semejante disyuntiva la peor opción es Keiko Fujimori.

Ollanta Humala ha hecho un "Compromiso con el Pueblo Peruano" que conviene tener muy presente, no sólo a la hora de votar por él, sino sobre todo una vez que acceda al gobierno, para recordárselo cada vez que parezca apartarse de alguna de sus promesas. No habrá reelección. Se cumplirá con los tratados firmados, no habrá estatizaciones, se respetará el derecho de propiedad y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), la lucha contra la corrupción será implacable, habrá una política de apoyo social sostenida, sobre todo en los campos de la educación y la salud pública, para los sectores más desfavorecidos, así como estímulos y facilidades para la formalización de las empresas. El respeto al pluralismo informativo, a la independencia de la prensa y al derecho de crítica será total. Estos puntos han sido expresados, además, de viva voz, en las reuniones que ha celebrado el candidato con la confederación de empresarios y las asociaciones de prensa. Todo esto es perfectamente compatible con la democracia y con las políticas de mercado vigentes y tiende a perfeccionarlas, no a recortarlas ni menos suprimirlas. No sólo depende de la voluntad de Ollanta Humala que este compromiso se cumpla. Depende, sobre todo, de que quienes lo apoyemos en la elección del 5 de junio dejemos claro que es a estas políticas a las que damos nuestro apoyo y que nos mantendremos firmes exigiendo su cumplimento.

© Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2011. © Mario Vargas Llosa, 2011.

Referencia:

Tomado de EL PAÍS, edición impresa. En  http://www.elpais.com/articulo/opinion/hora/verdad/elpepiopi/20110508elpepiopi_12/Tes

BANCO MUNDIAL AFIRMA QUE EL IMPUESTO A LAS SOBREGANCIAS MINERAS ES APLICAPLE EN EL PERÚ

El Banco Mundial considera que es posible aplicar el impuesto a las sobreganancias mineras, siempre que no se afecte la competitividad empresarial del sector; y los tributos captados por el Estado deben destinarse al desarrollo del capital humano. Así lo afirmó Otaviano Canuto, Vicepresidente de ese organismo multilateral, en el V Foro Internacional de Economía “Quo vadis Perú 2011”  organizado por la Cámara de Comercio de Lima.

A pesar de que algunas filiales de las Empresas Multinacionales muestran cierto nerviosismo ante los planteamientos de importantes sectores de la población peruana de aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras, pues dicen que pondría en riesgo las inversiones de aquellas, el Banco Mundial considera que tal impuesto no afectará a esa actividad.

Dicha organización multilateral ha manifestado, a través  de su vicepresidente Otaviano Canuto, que sí es posible aplicar un impuesto a las sobreganancias mineras debido al alto precio de las materias primas. Dijo ayer en Lima que “siempre hay un espacio dentro del cual se puede tener un tributo de ese tipo sin afectar las inversiones". Mencionó que lo importante es saber hasta qué punto se puede aplicar tal tributo, para no afectar la competitividad empresarial y hacer que deje de ser atractiva la actividad minera.

Es de referir también que, en países liberales como Australia, Canadá y Chile ya se introdujo un mecanismo para gravar las ganancias extraordinarias de las empresas extractivas y robustecer las arcas del Estado. En el Perú ya existe un proyecto de ley en el Congreso de la República para gravar las sobreganancias mineras con una tasa de Impuesto a la Renta de 50% cuando los precios de los minerales superen el promedio obtenido en los últimos diez años. Ollanta Humala, candidato a la Presidencia de la República, también propone elevar el impuesto al 45%.

A propósito ¿Cuál es la magnitud de las utilidades mineras y qué relación tienen con los precios de los comodities? ¿Cuánto de impuesto a la renta pagan las mineras?. Aquí las respuestas.

Sobreganancias mineras e impuesto a la renta

Se justifica una mayor participación del Estado sobre las ganancias extraordinarias mineras, en tanto éstas son el producto de factores exógenos, concretamente del aumento sostenido de los precios de los minerales y no así por mejoras en la producción.

Se estima que las utilidades netas en el período 2005-2010 ascendieron a 32 mil millones de US $, mientras que el Impuesto a la renta, para ese mismo período, bordeó los 10.5 mil millones de US $. De manera que el Impuesto a la renta representa. En promedio, 32.74% de las utilidades netas mineras.

Las sobreganancias mineras y crecimiento de los precios

Los precios de los minerales se han elevado sobremanera en los últimos años, inducidos por el crecimiento de la demanda internacional, que han dado lugar a la expansión de las utilidades mineras extraordinariamente, es decir,  por encima de lo esperado en los planes de inversión de las empresas, Al año 2009, rentabilidad de las empresas mineras alcanzó al 30%, mientras que la rentabilidad de las demás sólo alcanzó al 16%, afirma Daniel Chilovsky en una reciente conferencia en la UNMSM.

Ante este fenómeno internacional, la fórmula que se está poniendo de moda es que si  los precios de los minerales están altos, entonces hay un tributo adicional que el Estado debe cobrar a las empresas a fin de que los países anfitriones participen de esa bonanza, por cierto ocasional y pasajera segú la tendencia de los precios internacionales de los minerales.

El PNUD también recomienda aplicar un impuesto a las sobreganancias. Un reciente informe refiere que la recaudación en países de la región representa, el 17% del PBI de un país, mientras que en los países desarrollados alcanza al 36%, vale decir, más del doble.

Más aún, el vicepresidente del BM Otaviano Canuto aseveró que, a futuro, el precio de los commodities se mantendrá estable, debido a que, tras la última crisis económica internacional y con miras al crecimiento mundial, ahora tienen mayor demanda los comodities en los países desarrollados. 

Obsérvese en los gráficos la trayectoria de los precios que, al menos en el mediano plazo, promete seguir creciendo.

¿Qué hacer con los impuestos a la sobreganancia minera?

La idea central es que los mayores recursos captados para el Estado a través de los impuestos a las sobreganacias mineras deberían utilizarse prioritariamente para resolver tanto el problema de la enorme desigualdad social, como la pobreza que impera en nuestra patria.

Con tal fin, debería enfocarse el uso de esos fondos en la creación y el fortalecimiento del capital humano (educación, salud y seguridad social de calidad); en la diversificación de las actividades económicas con alto potencial de empleo y generación de valor agregado (agricultura, industria y agroindustria), disminuyendo la extendida informalidad; ampliando la infraestructura económica y social, entre otros destinos. 

Es de agregar que el Perú es un país con buena capacidad para recibir inversiones foráneas, más aún, es un país donde se tiene que hacer cambios sustanciales y rápidos: remplazar la riqueza obtenida explotando sus recursos naturales, por una riqueza más estable, invirtiendo más en capital humano. 

A manera de conclusión

Queda claro que las sobreganancias mineras, según el Banco Mundial y el PNUD, son aplicables en países como el Perú, por existir un espacio tributario que aprovechar. No es razonable y mucho menos justo seguir manteniendo esta incongruencia tributaria. El crecimiento económico sólo favorece a las empresas pero no así a la población mayoritaria que se debate en la desigualdad y pobreza.

Los tributos captados por el Estado Peruano deben destinarse al desarrollo del capital humano, principalmente en la educación y la salud; asimismo en la infraestructura económica y social necesaria para diversificar y haces sostenible la economía nacional.

estimado lector, así están las cosas en el mundo y también en Perú en materia tributaria respecto de la minería; sin embargo, hay todavía gente que puede catalogarse “más papista que el papa”, enajenada, con pensamiento servil e incluso antinacional, cuando se oponen por oponerse al goce de un derecho no solamente justo sino también razonable, se mire por donde se mire. Los peruanos, por ser los originales dueños de los recursos mineros, tenemos derecho a participar de las enormes ganancias extraordinarias de las mineras catapultadas por los altos precios de los minerales.


Hay peruanos, pan que rebanar.

COMPARACIÓN DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS PRESIDENCIALES EN EL PERÚ, AL 03-ABR-2011

Hoy, al vencimiento del plazo para publicar las encuestas electorales para la presidencia de la República del Perú período 2011-2016 y faltando una semana para los comicios del 10 de abril de 2011, las principales firmas encuestadoras del país han publicado sus correspondientes vaticinios, los mismos que difieren levemente entre ellos y presentamos comparativamente en el cuadro siguiente:

En el cuadro precedente resalta el notable apuntalamiento de la agrupación política Gana Perú, de Ollanta Humala, que ocupa el primer lugar en todas las encuestas. En el segundo lugar, prácticamente hay un “empate técnico” entre Perú Posible de Alejandro Toledo y Fuerza 2011 de Keiko Fujimori. En el tercer lugar figura el Gran Cambio de Pedro Kuczynski. En cuarto lugar aparece Solidaridad Nacional, de Luis Castañeda, que en todas muestra un notable descenso en el ranking electoral. 

 Es altamente probable la segunda vuelta

De permanecer las cifras del cuadro en esta semana que falta, o sufrir pequeñas variaciones, es altamente probable la realización de una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que capten la mayor votación entre los diez que se presentan en estos comicios. 

 Hoy el Debate Presidencial será de “candela”

Con las cifras aquí publicadas entrarán hoy, a la siete de la noche, los cinco candidatos al Debate Presidencial Organizado por Transparencia y la Sociedad Peruana de Radio y Televición en el Sheraton Hotel, las mismas que podrían sufrir variaciones de acuerdo al desempeño (o desliz) de cada uno de ellos. El debate promete estar “de candela” y tendrá una duración de tres horas, tiempo que permitirá para que que los candidatos destaquen lo sustancial de su mensaje y hasta se hagan preguntas entre sí.

Elijamos al mejor para todos los peruanos

Que la población peruana elija conscientemente y madurez al candidato presidencial que asegure, en primer lugar, la continuidad del crecimiento económico mostrado en la última década (que "la torta" se acreciente más y más) y de un mayor impulso a las actividades industrial y agropecuaria rezagadas hasta hoy, y que muestran elevados índices de subempleados y desempleados; que resuelva el sensible problema social de la desigualdad distributiva de la riqueza (repartir más equitativamente la "torta" de todos) y la todavía abultada pobreza extrema y no extrema en la población nacional, sobre todo andina; que haga posible el gran salto de la educación en todos sus niveles y modalidades; que mejore las condiciones de nutrición y salud de los niños, ancianos y desposeídos de nuestra patria; y, en fin, que garantice un desarrollo integral, equilibrado y justiciero del pueblo peruano, en el marco de la real e innegable globalización en la que hoy nos toca vivir en la que, ciertamente hay grandes oportunidades que aprovechar y amenazas que evitar.

Necesitamos un presidente con rasgos de auténtico líder político capaz de generar confianza y buen ánimo entre los diferentes actores de nuestra sociedad plural, y cuyo objetivo sea llevar al pueblo a un nivel de bienestar cada vez más elevado y sostenido (larga vida, saludable, creativa y participativa para cada peruano) y que esté preparado para generar y aplicar una estrategia de gobierno con enfoque territorial que combine óptima y hábilmente el mecanismo de mercado con la oportuna y justiciera intervención  del Estado, para orientar, apoyar y, cuando no, corregir los defectos y las falencias de aquel, si funciona ciega o defectuosamente.

Este 10 de abril, que gane el mejor, si no para todos los peruanos, al menos para las grandes mayorías que permanecen aun excluidas desde el inicio de la República de los frutos del crecimiento económico. Esta es la gran oportunidad del pueblo peruano en la búsqueda de la felicidad para todos. Acertemos ahora en tomar el tren de la prosperidad.